Tan solo se podrán beneficiar las empresas de menos de 250 empleados

El Gobierno prepara una ley que eliminará las licencias de actividad, hasta ahora imprescindibles para abrir un pequeño comercio. El texto, consensuado con los ayuntamientos, estará listo en tres meses y de él se podrán beneficiar tan solo las empresas de menos de 250 trabajadores.

cincodias.com

Carlos Molina – Madrid – 18/02/2012

España es uno de los países en el que las empresas encuentran más dificultades para abrir un negocio. La última clasificación del Banco Mundial la sitúa en el puesto 133 de 183 países, muy por debajo de las naciones desarrolladas. Y uno de los trámites que más se retrasa es la licencia de actividad, que puede demorarse entre 6 y 18 meses. Con el fin de eliminar esa traba, el Ejecutivo ultima un anteproyecto de ley para eliminar las licencias de actividad del pequeño comercio, que podría terminar su tramitación parlamentaria a principios de junio, según confirmó el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en un encuentro informativo.

Esta norma solo afectará a las pymes, consideradas como empresas de menos de 250 trabajadores y menos de 50 millones de facturación, que se instalen en locales cuya superficie no supere los 300 metros cuadrados. Pero no todos los sectores están incluidos: de la norma quedará al margen, por ejemplo, la hostelería, ya que esta actividad no está incluida en la categoría de comercio en la contabilidad nacional, sino en la de turismo. A las que sí afectará serán, entre otras, a las empresas de distribución alimentaria, droguerías, lavanderías o a las franquicias, siempre y cuando la titularidad de la empresa esté en manos de una pyme.

De este modo, las compañías podrán abrir sus negocios sin necesidad de licencia. Tan solo deberán contar con un informe técnico previo, avalado por un profesional certificado por el Ejecutivo (podrían ser ingenieros industriales o arquitectos), en el que el comerciante asuma con su consentimiento firmado los requisitos que se le podrán exigir en una inspección posterior. Al mismo tiempo tendrá que liquidar las tasas municipales. “Con esta medida se calma las preocupaciones de algunos ayuntamientos que veían que podían mermar sus ingresos”, apuntó. El secretario de Estado no quiso valorar las empresas y el empleo que se generarán. “Lo que sí creemos es que puede ser un sector refugio para todos aquellos que están parados y se pueden reciclar en el autoempleo”, remarcó.

A esta norma le acompañará una línea de financiación del ICO, que cubrirá las necesidades de inversión y circulante del comercio minorista. La directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, apuntó que la línea se está diseñando con la participación de las autonomías para evitar algunos de los problemas de anteriores programas de financiación. “No se hacía uso de los fondos porque el mínimo de la inversión no se adecuaba al tamaño de las empresas y porque las garantías que se exigían no podían ser cubiertas”, apuntó. Cárdeno sugirió que se va a contar con el apoyo de las sociedades de garantía recíproca (SGR) autonómicas para que avalen a las empresas. De este modo tendrían que contar con el aval de la SGR para solicitar el crédito y así facilitar el acceso a los fondos.

La UE apremia a eliminar las barreras regionales

El secretario de Estado de Comercio confirmó que el comisario de Mercado Interior de la UE, Michel Barnier, le instó la pasada semana, durante la visita que hizo a Madrid, a intensificar los esfuerzos para que todas las comunidades autónomas eliminen las barreras que impiden el cumplimiento de la directiva comunitaria de servicios.

En la actualidad, Cataluña tiene abierto un expediente sancionador por imponer trabas a la apertura comercial en zonas de gran afluencia turística (aquellas que tienen libertad de horarios comerciales en función del número de plazas y de establecimientos turísticos que disponen) y a la instalación de grandes superficies.

Asimismo, García-Legaz apuntó que las autoridades comunitarias están ultimando otro expediente contra Andalucía por poner impedimentos a la instalación de grandes superficies.

Para tratar de que la legislación en materia comercial sea homogénea en todas las autonomías y evitar las diferencias que no se justifiquen por cuestiones urbanísticas o medioambientales (las fijadas en la ley), el Ejecutivo va a abrir una mesa de negociación tripartita en la que estarán representantes de la Unión Europea, de las comunidades autónomas y del Gobierno central.

García-Legaz quiso separar este debate del de las licencias de apertura ante las suspicacias que ha despertado en el Gobierno catalán. “Ya hemos hablado con CiU, que nos había expresado su preocupación ante la posibilidad de que la supresión de las licencias invadiera competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Solo afecta a las de actividad y en ningún caso afecta a las licencias urbanísticas y de edificación”, recalcó.

Las cifras

11.000 establecimientos ligados al comercio minorista se han dado de baja en los últimos once años, según los datos del INE.

18% es el porcentaje de caída registrado por las ventas minoristas en los últimos cuatro años.

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