videovigilancia-cctv

El TCo ha establecido, que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para la instalación de cámaras y el tratamiento de las imágenes obtenidas siempre que sea para verificar el cumplimiento de los deberes laborales. Se entiende que el consentimiento está implícito en el contrato de trabajo. Aunque debe informarse al trabajador de su instalación, las imágenes captadas sin informarle pueden ser válidas, para l​o ​que se ​requiere un análisis caso por caso. En este​, aunque no se comunicó su  instalación, s​e tiene en cuenta que se había ubicado un distintivo visible advirtiendo​ de la existencia de la cámara.​

El TCo entiende que, en cuanto que se colocó el correspondiente distintivo en el escaparate de la tienda donde prestaba sus servicios, la trabajadora podía conocer la existencia de las cámaras y la finalidad para la que habían sido instaladas. Por lo tanto, entiende que la empresa ha cumplido con la obligación de información previa,  pues basta a estos efectos con los requisitos específicos de información a través del distintivo.

El trabajador conocía que en la empresa se había instalado un sistema de control por videovigilancia, sin que haya que especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control. ​Lo importante es determinar si el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato, porque sólo cuando la finalidad del tratamiento de datos no guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual el empresario estaría obligado a solicitar el consentimiento de los trabajadores afectados.

En consecuencia, teniendo la trabajadora información previa de la instalación de las cámaras de videovigilancia a través del correspondiente distintivo informativo, y habiendo sido tratadas las imágenes captadas para el control de la relación laboral, no puede entenderse vulnerado el art. 8.4 CE.

Asimismo, entiende que la medida estaba justificada y era  idónea para la finalidad de control pretendida por la empresa (verificar si algunos de los trabajadores cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja), por lo que debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad (Const. art. 18.1).

 

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