El plan para hacer aflorar economía sumergida encara su recta final y contempla elevar las sanciones para las empresas que recurran al empleo sumergido. Además, también endurecerá el castigo para aquellos empleados que cobran prestaciones por desempleo mientras trabajan a espaldas de la Seguridad Social.

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Cinco Días – Madrid – 18/04/2011

El próximo miércoles, el Consejo de Ministros analizará el plan de lucha contra el empleo irregular que Gobierno y agentes sociales ya tiene prácticamente cerrado. El objetivo es reducir la economía sumergida, que en España supone una lacra para las finanzas públicas que alcanza entre el 15% y el 25% del PIB, según las estimaciones del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

El Ejecutivo articulará su plan en dos fases. En un primer momento, Trabajo ofrecerá incentivos a las empresas que regularicen empleo sumergido. Con todo, niega que se trate de una “amnistía laboral”. Así, la Administración ofrecerá facilidades en el pago de las cuotas atrasadas. Con todo, ¿ello será suficiente para que las compañías reconozcan que han defraudado a la Seguridad Social? El Ejecutivo así lo cree y confía en que la segunda fase de su plan -que contempla doblar las sanciones por irregularidades en materia laboral- atemorice a las empresas y provoque una ola de regularizaciones voluntarias.

En función de los casos, la cuantía de las multas podría elevarse desde los 6.520 euros hasta los 400.000 euros, informa Efe. Por otra parte, Trabajo también planea endurecer las sanciones contra los empleados que trabajan sin darse de alta a la Seguridad Social y cobran una prestación por desempleo. La inspección laboral abrió unos 250.000 expedientes el año pasado por este incumplimiento.

El Ejecutivo rechaza revelar el número de regularizaciones que prevé lograr. En cualquier caso, desde Hacienda ya han asegurado que no secundarán la iniciativa de Trabajo. Ello abre aún más interrogantes acerca de las posibilidades de éxito del plan. Una empresa que emplee a trabajadores sin contrato no sólo está engañando a la Seguridad Social sino que también defrauda impuestos como el IRPF. Y, en la medida que paga a sus empleados con dinero no declarado, resulta plausible que también maquille sus declaraciones de IVA o impuesto sobre sociedades. En este sentido, los inspectores de Hacienda aseguran que una compañía que recurra a empleo sumergido tiene todos los números para ser objeto de una inspección fiscal.
En cualquier caso, reducir el fraude tributario y laboral supone un objetivo prioritario ante el deterioro de las finanzas públicas. Un estudio de Funcas calculó que la economía sumergida provoca que el Estado deje de ingresar en torno a 30.000 millones al año, una cifra que supera la recaudación del impuesto sobre sociedades en 2010.

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